El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para que el Estado en conjunto con la sociedad aumente sus esfuerzos en la prevención de la explotación sexual.

Según el funcionario, pese a que el Gobierno ha avanzado en la prevención, detección, registro de casos, así como en la persecución y sanción penal de los victimarios, es necesario avanzar en la definición, implementación y evaluación de una política de lucha contra la trata de personas.

Con lo anterior se busca determinar las medidas y las competencias para la protección de las personas víctimas de explotación sexual y trata de personas, con un enfoque de atención migratorio.

“Es necesario que se refuercen las acciones que permitan la identificación de los casos, se brinde el acompañamiento integral para el restablecimiento de derechos de víctimas directas e indirectas de trata de personas y que se implementen medidas para la eficaz judicialización de quienes se benefician de esta y de otras formas de esclavitud”, sostuvo Camargo.

La trata de personas no solo se relaciona con la victimización de connacionales sino con el riesgo en el que se encuentran millones de refugiados y migrantes en el mundo, debido a que por sus condiciones de vulnerabilidad terminan siendo víctimas de explotación sexual.

En suma, “se exponen a la adopción irregular, trabajos forzados, servidumbre doméstica, mendicidad ajena, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, matrimonios forzados y otras formas de esclavitud, colocando en total peligro su integridad, libertad, autonomía y hasta su propia vida”.

Según las duplas de género adscritas a la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, para el periodo 2020 – 2022 se han reportado 111 casos atendidos en el país: 52 casos en 2020; 44 en el 2021 y 15 en lo corrido del 2022.

En su labor de acompañamiento a las comunidades, la Defensoría del Pueblo ha encontrado nuevas realidades a causa de la pandemia del Covid-19.

Por ello, reiteran que “es urgente atender de manera integral a quienes son potenciales víctimas debido al aumento de las vulnerabilidades socioeconómicas, traducidas en una preocupación generalizada por suplir las necesidades básicas”.

“Esto genera que muchas mujeres y hombres de diferentes etnias, orientaciones sexuales, identidades de género, sin distingo de estrato socioeconómico, estén en riesgo de caer bajo el dominio de redes de trata o de tratantes autónomos”, completó la Defensoría.

La grave situación coyuntural se une a las afectaciones ya causadas por el conflicto armado, el narcotráfico, la ausencia estatal en varias regiones del país, la cultura discriminatoria y patriarcal, la violencia intrafamiliar, las ofertas laborales desiguales e inequitativas, la cosificación del cuerpo y la mente de las mujeres, así como la falta de sensibilidad social, entre otras problemáticas estructurales y de género.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de velar por la protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas de trata de personas, así como de las personas objeto de tráfico de migrantes.

*Con información de la Defensoría del Pueblo